La agencia informó los gastos por arrendamiento a la Cámara de Representantes como parte de una investigación sobre el estado de las facilidades
Mientras se completan las obras de construcción permanente en el edificio central del Departamento de la Familia (DF), la agencia paga una suma de $6.3 millones de su presupuesto operacional para los cánones de arrendamiento de sus oficinas temporeras, según constató la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Ciudad Capital de la Cámara de Representantes.
En una vista pública sobre la Resolución de la Cámara 246, que investiga el estado de las facilidades abandonadas desde el paso del huracán María, el componente de la agencia informó que paga un arrendamiento de $209,000 mensuales por las oficinas temporeras ubicadas en Mercantil Plaza, en Hato Rey. Este alquiler se realiza mediante un contrato con Union Holdings, Inc. que entró en vigor el 1 de abril de 2019 y será efectivo hasta el 30 de junio de 2024.
“Esto es una investigación que tiene el propósito de determinar qué va a pasar con ese edificio; por qué está abandonado; por qué no está ocupado; por qué se han tardado en hacer las reparaciones correspondientes y qué costo está pagando el pueblo de Puerto Rico por ese edificio, versus rentas que está pagando en otros edificios en este momento”, manifestó el presidente de la comisión, Luis Raúl Torres Cruz.
Hasta el presente, Familia ha pagado un total de $7.5 millones por el arrendamiento de las facilidades temporeras, según los documentos entregados a la comisión. Al término del contrato, el pago habrá ascendido a $13 millones.
Sin embargo, Torres Cruz comunicó en la vista pública que ayer, miércoles, la agencia entregó nueva información en la que alega que el pago mensual, realmente, es de $116,677.95, de acuerdo con los pies cúbicos de las instalaciones que utilizan. Por tal razón, el pago total disminuye a $4.2 millones.
Por otro lado, el arrendamiento de las instalaciones temporeras de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), en Roosevelt Plaza, es por la cantidad de $53,266.71 mensuales. Este pago se efectúa mediante el tercer contrato que ha establecido la agencia con MT Investments, con fecha de efectividad desde el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2026.
Con este contrato, al momento, se han pagado $479,400.39, mientras que, con el contrato anterior, efectivo durante el primer semestre del 2021, se pagaron $319,600.26. El primer contrato, que duró desde el 7 de mayo de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020, Familia pagó $1.3 millones en gastos de arrendamiento.
La agencia ha pagado, al momento, sobre $2 millones por el total de este alquiler, y habrá pagado al final del contrato vigente $4.8 millones. El proyecto de construcción en el edificio central Lila Mayoral, localizado en la Avenida Barbosa, en Hato Rey, deberá arrancar para mediados del próximo junio, según la secretaria Carmen Ana González Magaz.
La titular, quien estuvo acompañada por su componente de trabajo, afirmó que tiene la expectativa de adjudicar la subasta del proyecto para el 30 de mayo, por lo que la fecha en la que se planifica iniciar las labores de reparación es el 13 de junio de 2022.
Sin embargo, a preguntas incisivas del legislador sobre qué sucederá con el equipo abandonado que aún se encuentra en las instalaciones, la agencia no supo responder las acciones que tomará, pues espera recibir el informe de daños y cubiertas por parte de las aseguradoras.
Tras una vista ocular realizada en septiembre de 2021, Torres Cruz estimó que el edificio alberga cientos de miles de dólares en equipo abandonado, que incluía desde dispositivos electrónicos, hasta materiales de oficina, cunas para bebés y “una gran cantidad” de expedientes personales.
“Ahí había equipo que funcionaba cuando nosotros fuimos, porque probamos los microondas, probamos las lavadoras, vimos las neveras conectadas con electricidad. Yo no sé si las computadoras funcionaban, porque muchas las habían puesto en el piso. Las fotocopiadoras las probamos y algunas estaban funcionando. Yo lo que quiero saber es si todo ese equipo ustedes lo reclamaron a pérdida al seguro, y el seguro determinó que todo ese equipo estaba en pérdida y el seguro le va a pagar”, reclamó el representante popular.
Torres Cruz brindó cinco días laborables al componente del DF para que aclare cuál será el próximo uso del equipo abandonado, pues el legislador aseguró que gran parte de los materiales se encuentran en condiciones para ser reutilizados.
“Esos equipos se debieron decomisar si no se iban a usar, o se debieron trasladar a otras agencias del gobierno. Se le pudo haber donado hasta al Departamento de Educación para los comedores escolares. Hay un montón de cunas y camas que se le pudo haber dado a gente que las necesitara. Se le pudo haber donado a los Municipios. Tantas cosas que se pudieron haber hecho con esos equipos”, reprochó.
Según González Magaz, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) aprobó una asignación preliminar de $1.9 millones para las obras en las oficinas centrales y sus dependencias regionales en 15 municipios.
Específicamente, FEMA obligó $1.1 millones para los trabajos en el edificio central. Sin embargo, la secretaria indicó que esta partida no será suficiente, por lo que más fondos podrán ser asignados una vez se estime la totalidad de los daños por parte de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3).
A pesar de que el edificio se encuentra en desuso, la comisión cameral constató durante la vista ocular que Familia aún efectúa miles de dólares en pagos mensuales por los servicios de energía eléctrica y agua potable. De acuerdo con la información de la agencia, el gasto mensual por electricidad alcanza $19,359.07, mientras que el gasto por agua es de $3,570.14.
“Me habían dicho, cuando fui a visitar el edificio, que estaba sin energía eléctrica. Nosotros prendimos la luz en todos los pisos, y había luz en todos los pisos. Estaban todas las neveras prendidas que hay allí abandonadas”, señaló Torres Cruz, quien requirió a la agencia entregar en cinco días laborables el gasto total que ha realizado en ambos servicios desde que cerraron las facilidades días antes del huracán María.
